domingo, 18 de diciembre de 2016


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El regalo de Los Tres Brazos




Por Juan Bolívar Díaz

La venta de todo un barrio de la parte oriental de Santo Domingo, en un tráfico de clara manufactura política, con unas 13 mil familias y población estimada sobre las 70 mil personas, a precio de vaca muerta, pasará a la historia dominicana como una de las mayores iniquidades, a menos que el Presidente de la República intervenga para anularla.
No fue aprobada por el Congreso ni respetó la Ley 141-97 de capitalización de las empresas públicas, ni el espíritu de decretos de los presidentes Antonio Guzmán y Leonel Fernández.
La venta del barrio Los Tres Brazos es tan despreciable como la estafa de Bahía de las Águilas que el presidente Danilo Medina logró detener, hace un par de años, porque involucra un voraz negocio con el habitáculo de decenas de miles de seres humanos, en gran proporción pobres, que merecen el amparo del Estado.
El asunto ha saltado a los medios de comunicación en las últimas semanas con las denuncias de un comité de lucha de Los Tres Brazos, respaldado por Ciudad Alternativa y el Comité para Defensa de los Derechos Barriales, que se han dirigido al presidente Danilo Medina para que impida que continúe la intimación a que son sometidas esas familias para que paguen por terrenos estatales donde se asentaron desde finales de los años setenta.
Fue una ignominia que la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) comercializara un millón 213 mil 861 metros cuadrados por 80 millones de pesos, a una empresa creada ad hoc. Los primeros 188 mil 659 metros de la parcela 153-A1 fueron vendidos el 25 de febrero del 2010 por 4 millones de pesos, es decir apenas a 21 pesos por metro cuadrado. El regalo era tan descomunal que apenas mes y medio después, por los mismos 4 millones de pesos, le vendieron 115 mil 148, parcela 155, y el metro cuadrado subió a 34.7 pesos. Dos meses después se produjo la mayor venta, de 910 mil 54 metros cuadrados, por 72 millones de pesos, ya entonces a 79 pesos por metro cuadrado.
Fue así que la empresa Inversiones Fernández Parache y Asociados (INFEPA) adquirió todo un barrio a precio de vaca muerta. Y no tuvo que desembolsar de inmediato todo el costo. La mayor operación, la de 72 millones de pesos, se inició con un pago de sólo 3 millones 600 mil pesos, la misma suma 90 días después, 75 días más tarde pagaría 28 millones 800 mil pesos, y 120 días más para saldar con 36 millones de pesos, según reza el contrato. Los propietarios crearon la comercializadora Titulatec, que es la que ahora presiona a los habitantes de Los Tres Brazos a pagar por los terrenos a precios por encima de sus posibilidades, que arrojarían beneficios estimados entre 2 y 3 mil millones de pesos.
Como era de esperarse, tanta generosidad no era inocente, pues el principal ejecutivo de la comercializadora, José de Pool Dominici, es gerente financiero del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyo titular Miguel Vargas Maldonado, es el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, quien lo había llevado al mismo cargo cuando fue ministro de Obras Públicas en el gobierno de Hipólito Mejía. Por cierto que Vargas tiene un récord impresionante en negocios hipotecarios con el Estado, que han involucrado cuestionadas operaciones como la del hotel Hispaniola, la del edificio de Aduanas, una parcela excluida de un área protegida en Samaná y un financiamiento estatal de 15 millones de dólares, saldado mediante permuta de otra propiedad.
No se puede explicar que CORDE, bajo gestión del dirigente político Leoncio Almánzar, vendiera un barrio entero, urbanizado, con calles, sistemas eléctrico y de acueducto, escuela y centro de salud, por 80 millones de pesos, suma ínfima para el salto social que representaba incorporar a 13 mil familias a un plan de titulación del Estado. Pudieron haber ofertado los solares a los mismos ocupantes. Al promedio vendido, de 66 pesos por metro cuadrado, la mayoría hubiese podido comprar por cinco o seis mil pesos.
Ante el escándalo, se impone que el gobierno tome cartas en el asunto y en tanto ningún morador debe pagar para ver si es posible desalojar a miles de familias.

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